Con esta 5º entrega de las “Crónicas de la Púnica en Burgos” , los medios Diario de Vurgos, Burgos Dijital y De Gamonal al Mundo finalizamos (por el momento) la publicación de nuestras investigaciones sobre la trama Púnica y su relación con nuestra ciudad. Puedes consultar los anteriores artículos en cualquiera de nuestros blogs.

 

Hace ya unos cuantos años que el ex-alcalde y ex-ministro Juan Carlos Aparicio viene desempeñando funciones de vocal del Consejo de Administración de INDRA. En concreto fue nombrado, a propuesta del Partido Popular, para representar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ya que la SEPI es accionista de esta empresa tecnológica, con fuertes vínculos en la industria armamentística.

rajoy-apuesta-por-el-exministro-juan-carlos-aparicio-como-proximo-presidente-del-cesFoto de archivo (EFE)

Dentro de la estructura empresarial, forma parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y se supone que su principal tarea consiste en vigilar la transparencia y legalidad de los contratos que se efectúan.  Por ello cobra unos 100.000 euros al año.

Como ahora veremos, no fue muy diligente con esta obligación. Al parecer   no se dio cuenta ni se pronunció públicamente sobre los numerosos y graves escándalos de la compañía, en su mayoría vinculados a la Comunidad de Madrid. Podría suponerse que su cargo, y a la vista de los resultados su sueldo, no eran más que una excusa para tener una jubilación dorada, tras haber sido quemado por el Partido Popular con la reforma laboral que Aznar le encargó y sus polémicas actuaciones urbanísticas en Burgos que han dejado, dicho sea de paso, a nuestro Ayuntamiento con una de las deudas más grandes de todo el estado.

A continuación, pasamos a repasar algunas de las investigaciones y procesos judiciales que apuntan directamente a INDRA en los últimos años, en su mayoría relacionadas con la Operación Púnica. De hecho, en el sumario aparece citada más de un centenar de veces.

Santiago Roura, uno de sus directivos, está imputado por el presunto pago de sobornos a Alejandro de Pedro Llorca. Este personaje, mano derecha de Granados según varios medios, se dedicaba a hacer trabajos de imagen para el ex-presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que a su vez realizaba contratos con INDRA. Conviene recalcar que Ignacio González se encuentra actualmente en medio de un gran escándalo porque hay pruebas que apuntan a que el sucesor designado por Esperanza Aguirre usó empresas públicas como el Canal de Isabel II para contratar habitualmente servicios de imagen.

Por otro lado, algunos testigos e imputados han declarado que José Martínez Nicolás, ex-consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) pidió dinero al menos en tres ocasiones a INDRA (90.000 euros, 20.000 euros y 10.000 euros) por indicación del Gobierno de Madrid, más en concreto, del ex-consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria, para saldar deudas con diferentes personas, entre ellas el empresario ya citado Alejandro de Pedro.

INDRAFragmento de la declaración de José Martínez Nicolás ante la Guardia Civil

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Algunos directivos niegan que se abonara esa cantidad, pero reconocen que pudo haberse solicitado. En cualquier caso, el propio juez Eloy Velasco ha expresado en las diligencias que tiene la impresión de que INDRA ha pagado bastante más de 10.000 € a la trama. Salvador Victoria, se ha intentado defender asegurando que al menos “no se pagó con dinero negro”.

Lo más grave de este asunto es que salpica directamente a los tribunales de justicia de la Comunidad de Madrid. Sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido que la empresa le había pagado “primas” , y se investiga a quién más pudo “premiar” INDRA, presumiblemente otros jueces y funcionarios.

Pero las conexiones de INDRA no se limitan a Madrid. Conviene resaltar que la empresa consiguió que Josep Pujol saliera de la directiva de puntillas y sin armar más ruido. El hijo del “molt honorable” ex-presidente de la Generalitat de Catalunya fue también responsable de desarrollo corporativo de la empresa en el mercado americano.

Pero mientras nuestras élites extractivas, y las del resto del Estado, se repartían pingües beneficios y ordeñaban la vaca, la empresa ha sufrido una grave crisis que ha dejado en la calle a cientos de trabajadores y trabajadoras.

Parece que sus directivos, entre ellos el “cómico” Aparicio, estaban más preocupados por el engorde de su cartera que por la buena marcha de la empresa y la calidad de sus servicios.

Como muestra, la nefasta gestión del voto que INDRA realizó en Burgos en las elecciones municipales de 2015: decenas, quizás centenares de personas no pudieron votar en las primeras horas de la mañana porque la empresa había confundido el voto por correo de las elecciones europeas con el de los citados comicios (entre ellos el del número 1 de la candidatura Imagina Burgos, Raúl Salinero). Además, el recuento fue el más lento de todo el estado por problemas técnicos. Muchos burgaleses y burgalesas nos enteramos ese día de que la gestión del voto había sido privatizada.

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Quizás ello se deba a que, como revelaba “El Confidencial”, Alejandro de Pedro realizó negocios con INDRA gracias a la intermediación de Javier López Madrid, empresario amigo del rey Felipe VI “y compi yogui” de la reina consorte Letizia. La propia compañía admitió contactos entre Alejandro de Pedro y Jesús Gil, directivo, en teoría para conseguir contratos relacionados con las elecciones en Sudamérica.  

 

Como se puede comprobar, el ex-ministro burgalés no ha destacado por su perspicacia o su contundencia a la hora de vigilar la transparencia y legalidad en el quehacer de la compañía, totalmente salpicada de acusaciones de corrupción. Pero, además de estos apuntes sobre INDRA, hay que recordar que Juan Carlos Aparicio ya ha sido relacionado con otros escándalos de corrupción investigados por los tribunales. En los papeles de Bárcenas aparecía citado dentro de los famosos apuntes que podrían recoger pagos ilegales en metálico en 1992. Según parece, podría haber cobrado 650.000 pesetas de la época en dos ocasiones de la sede nacional del PP. Ese mismo año aparecen pagos por valor de unos 30 millones de pesetas a José María Peña, que se negaba a dimitir pese a haber sido inhabilitado por corrupción. Varios medios plantean que ése pudo ser su precio para abandonar la alcaldía y dejarla en manos de Valentín Niño.

mendez_pozo_peñaMéndez Pozo y José María Peña, bien jovencitos, en los años 90.

Foto de lahemerotecadelbuitre.com

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