Una vez más, crece la tensión entre ambos países y gobiernos. Y una vez más, si uno sigue la corriente de la prensa corporativa entenderá que la Revolución Bolivariana es la culpable de todos los males, y puede llegar a pensar que Colombia paga las consecuencias de vivir al lado del infierno socialista de Venezuela.

Pero evidentemente la realidad es mucho más compleja. Quienes hemos podido conocer in situ la situación fronteriza entre ambos países y seguimos otras fuentes informativas entendemos que los problemas existentes vienen de largo, y que si bien la política macroeconómica de Venezuela ha sido errática y poco exitosa, la responsabilidad del contrabando y el paramilitarismo corresponde en primer lugar a la oligarquía colombiana. Una oligarquía que ha rapiñado su propio país y ha reprimido a sangre y fuego a su propio pueblo.Conviene explicar unas cuantas cosas antes de reflexionar.

Probablemente Colombia es el país latinoamericano donde mayores violaciones de DDHH se han cometido en los últimos cien años,  especialmente en las tres décadas más recientes, en las que el terrorismo de estado ha contado además con el apoyo de EEUU por medio del Plan Colombia. Se ha dado impunidad al paramilitarismo, y se ha utilizado a los sicarios como arma política frente a las protestas populares contra la miseria. Es el país en el que más sindicalistas se han asesinado de todo el planeta (más de 200 al año en varias ocasiones). Los movimientos indígenas, campesinos, feministas y defensores de los DDHH cuentan sus víctimas por miles, causadas en su gran mayoría por el estado de manera oficial (policía y ejército) o extraoficial (paramilitares y sicarios aliados con capos políticos y terratenientes). En otras entradas ya hemos dado suficientes detalles sobre este sangriento panorama.

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Esta situación de miseria y violencia extrema (tanto política como delincuencial) ha generado un desplazamiento forzado interno terrible (sólo superado por Irak o Siria) y un gran éxodo migratorio hacia otros países. En concreto, en Venezuela viven al menos cuatro millones de personas de origen colombiano, de los que más de un millón y medio tienen nacionalidad venezolana.

La gran mayoría de estas personas vienen huyendo de la dramática situación en su país de origen y aspiran a sobrevivir y desarrollar un proyecto vital digno. De hecho, la práctica totalidad de ellos tienen acceso a los servicios de salud, educación y asistencia social que la Revolución Bolivariana ha implantado para toda su población. Una buena parte de los refugiados políticos colombianos, que huye de la persecución, se ha implicado a fondo en la construcción del poder popular y el socialismo en Venezuela, nutriendo las organizaciones revolucionarias con su experiencia y su bagaje. Sin embargo, no puede obviarse que el fenómeno paramilitar colombiano lleva más de una década tratando de implantarse en el país vecino.

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Los grupos paramilitares, en parte, son mafias organizadas con el  fin de lucrarse con negocios criminales relacionados con la droga, prostitución, contrabando y extorsión. Pero son numerosos los hechos y datos que avalan que también han participado de manera importante en la ofensiva político-militar contra Venezuela, bien apoyando el golpismo, bien asesinado militantes políticos y sociales (especialmente refugiad@s colombian@s, pero también militantes revolucionari@s venezolan@s o incluso cargos electos) o bien desestabilizando la economía y tratando de desestructurar el tejido social de los barrios y pueblos.

  • En 2002, un grupo de militares golpistas venezolanos contactó con los paramilitares para buscar apoyos. Los jefes mafiosos, según su líder Salvatore Mancuso, rechazaron la oferta ya que les parecía una “locura”. No se descarta, sin embargo, que la oposición venezolana contactara con otros grupos menores.
  • En 2004 fueron capturados más de cien paramilitares que se estaban entrenando en la finca de un terrateniente venezolano. Según la inteligencia venezolana, planeaban asesinar al presidente Chávez y en todo caso crear un clima de violencia que facilitara un nuevo golpe de estado. El presidente Uribe (considerado como jefe de los paramilitares por la izquierda colombiana), quitó importancia a este hecho diciendo que sólo eran unos niñatos de los que no era necesario preocuparse. Desde luego no se estaban entrenando para divertirse y con toda probabilidad su detención evitó grandes males.
  • En 2007 un narcoparamilitar colombiano declaraba a un diario que estaban invirtiendo grandes sumas en Venezuela porque era una buena ruta para el narcotráfico y era fácil encontrar colaboración de venezolanos, colombianos y brasileños. Un periodista denunciaba ya entonces que se estaban infiltrando para desarrollar el contrabando de gasolina y productos básicos, y el gobernador del estado Apure solicitó en la Asamblea Nacional de Venezuela ayuda para combatir la inseguridad creada por los paramilitares, alertando también de que se estaban instalando en estados vecinos.
  • En 2009 fueron detenidos 10 paramilitares colombianos por amenazar de muerte a comercios que no les pagaran “impuesto” en el estado fronterizo de Táchira.
  • En 2011 fueron detenidos cuatro miembros del grupo paramilitar “Los Rastrojos”, con dinero, armas pesadas, drogas y uniformes militares, también en Táchira. Este grupo es conocido en Colombia por numerosas masacres y ejecuciones crueles con motosierras. Junto con las “Águilas Negras”, son herederas de las antiguas AUC (teóricamente desmanteladas y perdonadas por el expresidente Álvaro Uribe).
  • En 2012 fue capturado en Barinas el líder paramilitar Diego Rastrojo, por quien EEUU y Colombia ofrecían grandes recompensas. Ese mismo año fue desarticulado el grupo “Los Paracos” en Táchira con abundante armamento.
  • En 2013 fueron detenidos también líderes paramilitares y sicarios de cárteles y grupos colombianos en diversos estados de Venezuela, con armamento pesado, explosivos, dinero en efectivo…
  • En 2014 fue asesinado el diputado revolucionario Robert Serra, el más joven de la historia de Venezuela. Finalmente se acreditó que el asesinato fue organizado por el paramilitar apodado “El Colombia”, que después fue extraditado para ser juzgado en Venezuela.
  • En 2015 los paracos asesinaron a pescadores en Apure y dirigentes sociales en Carabobo. Se constató además que varios grupos colombianos actuaban en alianza con el hampa venezolano.

Para más detalles puede consultarse este enlace de Aporrea. O este vídeo de “A un click”.

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Tenemos pues un grave problema. Militantes de los barrios aseguran además que zonas populosas de Caracas y otras ciudades importantes han sido tomadas por los paramilitares, que se encargan de dirigir no sólo las actividades delincuenciales sino también la vida diaria de los habitantes de esas zonas, consiguiendo además que sectores juveniles se adhieran a estos grupos. Esto motivó la Operación Libertad y Protección del Pueblo, en la que las fuerzas de seguridad iniciaron una ofensiva contra estos grupos en las áreas urbanas y fronterizas, consiguiendo el desmantelamiento de numerosas de sus estructuras y la detención de numerosos sicarios. La parte negativa fue que las bandas afectadas se enfrentaron militarmente al operativo de seguridad, lo que ha ocasionado varias muertes.

Los sondeos y declaraciones públicas muestran que la gran mayoría de la población venezolana, especialmente la más humilde, apoyaba estos operativos. Sin embargo, la derecha no, ya que utiliza recurrentemente la cuestión de la inseguridad ciudadana para atacar al gobierno, y en la práctica no colabora con las políticas de seguridad allá donde gobiernan.

Esto puede sorprendernos como europeos, ya que en nuestros países asociamos los despliegues policiales con ataques a la clase obrera, pero allí se percibía que por fin el gobierno tomaba cartas contra los sicarios del capital, que arrebataban vidas a diario. De hecho, la colaboración de colectivos revolucionarios, consejos comunales y militantes de barrio fue clave en lo que se refiere a las labores de inteligencia contra el paramilitarismo.

olp_cota_905Despliegue operativo de la OLP en la Cota 905 de Caracas

Saltando del plano de la seguridad de la población al de la economía, el daño que ha producido el paramilitarismo a Venezuela es también inmenso. El contrabando de productos subvencionados ha sido uno de los factores principales del desabastecimiento. Estos grupos, aliados con empresarios defraudadores y utilizando a “bachaqueros” (contrabandistas al por menor) han ganado numerosos millones de dólares acarreando productos de alimentación que compraban a precios baratos, ya que el estado venezolano los suministra a bajo coste a los barrios humildes. Y qué decir del contrabando de gasolina; en Venezuela uno puede llenar su depósito por aproximadamente 2 o 3 € debido a la subvención estatal en todo el país, y tras pasar la frontera hacia Colombia su precio puede multiplicarse por 7 u 8 veces como mínimo.

El centro de distribución de todos estos productos objeto de contrabando se encuentra en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Allí llega todo y, o bien se vende en la propia ciudad, o bien se transporta a otros lugares de Colombia. No es exagerado decir que en los últimos años esta ciudad ha dependido del contrabando para subsistir, debido a que su economía se basaba en él.

529788816ea2a.r_1385669394434.0-76-635-425Típica imagen de comercios de Cúcuta abastecidos por productos venezolanos.

Es en este contexto en el que el gobierno venezolano, después de que paramilitares colombianos atacaran a 3 militares venezolanos y un civil, ordena el cierre de frontera para realizar un operativo para combatir el contrabando y el paramilitarismo.

Las consecuencias para la población colombiana de Cúcuta han sido graves, debido a la dependencia ya mencionada de los productos venezolanos de contrabando. Estos días las colas y el desabastecimiento son la norma, mientras que en el estado venezolano de Táchira están reduciéndose, y ya pueden encontrarse sin excesiva dificultad numerosos productos que antes escaseaban.  La presencia del ejército obliga a los comerciantes a sacar los productos a la venta directa en lugar de destinarlos al contrabando.

Una cuestión polémica relacionada con este operativo ha sido la deportación de más de un millar de personas de nacionalidad colombiana en situación irregular en el estado venezolano de Táchira. El gobierno asegura que la mayoría son sospechosas de paramilitarismo o contrabando, y muestra pruebas de varios negocios ilegales (incluyendo prostitución infantil y calabozos clandestinos para secuestros) e incluso campamentos paramilitares en los que se supone que desarrollaban actividades delincuenciales. Además, algunos líderes paramilitares han sido capturados y otros han huido para entregarse a las autoridades colombianas. Desde el gobierno venezolano insisten en que no se ha separado a nadie de sus familias y que han sido entregados a las instituciones colombianas con un trato respetuoso, y que se han demolido solamente las viviendas utilizadas para negocios ilegales. En cualquier caso, será difícil poder comprobar si esto ha sido así en todos los casos, y es complicado verificar que todas las personas deportadas estuvieran implicadas en actividades paramilitares o “bachaqueras”.

Por otro lado, varios centenares de colombian@s, que no necesariamente estaban vinculados con esta trama, han decidido irse por su cuenta. Alertados por el sensacionalismo de la prensa, temían ser expulsados y perder las pertenencias que no pudieran transportar, lo que explica las imágenes de familias cruzando el río Táchira portando sus muebles y pertenencias. Otras miles de familias, sin embargo, no se han planteado volver a Colombia en ningún supuesto, y continúan viviendo allí con normalidad.

En cualquier caso, lo que resulta increíblemente llamativo es el gran cinismo que se ha instalado en Colombia con respecto a esta cuestión. Tanto la prensa como el gobierno colombiano, y muy destacadamente el expresidente Uribe, claman contra el mal trato que supuestamente han sufrido sus compatriotas al ser deportados, y por el cierre de la frontera que ocasiona el fin del contrabando y la paralización temporal de la emigración hacia Venezuela. Cuando EEUU y España deportan a sus ciudadanos, callan. Pero la oligarquía colombiana, que lleva un siglo masacrando y descuartizando a su pueblo, ahora finge preocuparse por él.

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Más aún, fue el gobierno de Uribe el que legalizó el contrabando y posterior venta de productos extranjeros (incluidas las divisas, a tipos de cambio arbitrarios) mediante varios decretos, originando esa situación deliberadamente; muy probablemente, de manera conjunta con los propios líderes paramilitares. Y el propio presidente Santos y el alcalde de Cúcuta culpan al gobierno venezolano del desabastecimiento en esa localidad. Como si fuera legítimo confiar en el contrabando en lugar de tomar medidas  productivas que aseguraran una economía digna.

Frente a esta postura, numerosos sectores del pueblo colombiano a ambos lados de la frontera alzan la voz en contra de los abusos paramilitares y del cinismo de la burguesía colombiana.

La Agencia de Noticias Nueva Colombia titulaba un artículo así: Los medios, las mafias del contrabando y la oligarquía colombiana enemigos de dos pueblos hermanos

El senador de la izquierda colombiana Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda (asesinado por agentes del estado colombiano), dirigía una dura intervención contra la exportación del paramilitarismo a Venezuela, responsabilizando a los gobiernos de Uribe y Santos.

El expresidente colombiano Ernesto Samper, si bien se muestra contrario a las deportaciones porque “enrarecen el clima necesario para combatir el paramilitarismo”, afirma que está convencido de que este fenómeno ha traspasado la frontera y apoya los esfuerzos del gobierno venezolano por combatirlo.

El importante Movimiento Político y Social Marcha Patriótica también insiste en la misma opinión. Apoyan decididamente las medidas del gobierno venezolano contra el paramilitarismo y critican la hipocresía de las clases dominantes en Colombia, pero temen que se refuerce el estigma que sufren los refugiados y migrantes. A este respecto, el presidente Maduro y otros miembros de su gobierno se han esforzado en aclarar que no hay ninguna ofensiva contra el pueblo colombiano en Venezuela, pero es cierto que cunde cada vez más la asociación entre “colombiano” y “paramilitar”, algo que es profundamente injusto para la gente humilde, aunque no para su clase política:

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Por su parte, los sectores obreros más críticos del proceso revolucionario apoyan también las iniciativas tomadas, aunque se muestren en desacuerdo con otros aspectos de las decisiones del gobierno de Maduro y las instituciones del estado, como podemos ver aquí. Así que parece que la sociedad venezolana, exceptuando  a los propios “bachaqueros” y a la derecha más politizada, está conforme, aunque no satisfecha aún, con la ofensiva contra el paramilitarismo y el contrabando.

Se trata, como vemos, de una cuestión compleja. Como dicen los colectivos y organizaciones revolucionarias de Venezuela, al paramilitarismo hay que combatirlo de frente, tanto por seguridad de la población como por el ataque a la economía que supone, más aún teniendo en cuenta que el estado colombiano lo ha financiado y amparado durante décadas. Pero es cierto que ver las deportaciones y los prejuicios contra las personas de origen colombiano resulta preocupante. Sin embargo, la Revolución Bolivariana se encuentra en una situación crítica, y urge tomar medidas decididas en éste y otros aspectos. En demasiadas ocasiones se ha mostrado debilidad o tibieza frente a sus enemigos; podemos recordar los indultos de Chávez a los golpistas, o la expulsión de paramilitares detenidos en Colombia que luego han quedado en libertad cuando quizás deberían haber sido juzgados en Venezuela. Y, por supuesto, la derecha golpista y los gringos observan todos estos movimientos y siguen urdiendo sus planes fascistas.

Todo esto hace que sea produndamente difícil valorar desde fuera  estas actuaciones con rigor. Pero en cualquier caso quienes apostamos por los procesos revolucionarios, aun siendo críticos, debemos tener claro de qué lado estamos. Por desgracia, esto a menudo implica tener que rebuscar información y confirmarla para ver algo de luz. Porque, como siempre, los medios mienten sobre todo lo que tenga que ver con Venezuela.

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